Involuntariamente opacado por la desaparición de los normalistas de Iguala Guerrero, el reciente secuestro y asesinato de la reportera ciudadana de “Valor por Tamaulipas”, María del Rosario Fuentes Rubio, prácticamente pasó a segundo término, si no es que en el olvido, en un hecho que obliga a voltear los ojos en torno a los crímenes y violencia contra periodistas.

La infortunada joven sólo cometió el “pecado” de informar sobre la violencia del narcotráfico en Tamaulipas desde una cuenta de twitter, aunque el día 17 por la madrugada ésta se actualizó con una foto de su cadáver y varias publicaciones donde se despide y pide perdón a sus familiares.

Los hechos no son ninguna novedad para esa entidad que gobierna el priísta Egidio Torre Cantú, ya que en septiembre del 2011 ocurrió un hecho similar, entonces en Nuevo Laredo, donde fue asesinada la bloguera y periodista María Elizabeth Macías, conocida como “La Nena de Laredo”, jefa de redacción del diario Primera Hora.

María Elizabeth fue encontrada decapitada, al lado de un teclado de computadora, un reproductor de discos y varios cables, así como de un cartel que decía: “Ok Nuevo Laredo en vivo y redes sociales. Yo soy la nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos… para los que no quieren creer, esto me pasó por mis acciones, por confiar en SEDENA y MARINA… Gracias por su atención Atte: La Nena de Laredo… ZZZZ”.

A más de tres años de distancia, el resultado de las “investigaciones”, como muy probablemente ocurra con las de María del Rosario Fuentes, ha sido cero avances, al igual que en los casos de otros 12 periodistas masacrados y otros dos desaparecidos por posibles represalias a su labor informativa en esa violenta entidad en un lapso de 14 años, según documentó Artículo 19.

El crimen organizado se placea tranquilamente ante la pasividad del gobierno de Egidio Torres, quien también fue víctima de ella en junio del 2010, cuando fue sospechosamente asesinado su propio hermano, Rodolfo Torres, entonces candidato a la gubernatura por la coalición “Todo Tamaulipas” (PRI- Verde-Panal), seis días antes de las elecciones. Aquél lo terminó supliendo.

Ahora bien, la pregunta obligada es por qué hemos caído tan bajo en México, a grado tal que, inclusive, en materia de democracia se nos compara con Honduras, mientras que en libertades nos incluyen entre los países con mayor impunidad en ataques a periodistas y defensores de derechos humanos.

En ese renglón sólo estamos “mejor” que Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán y Tailandia, con el agravante de que, por ejemplo, el también violento país de Colombia ha mejorado, y nosotros deteriorado.

En efecto, el deterioro en las libertades es un grave problema de ética política, pero también foco “rojo” que anuncia ingobernabilidad. Donde hay prensa libre y se pueden defender con seguridad los derechos humanos, no habrá ingobernabilidad, y prueba de ello es que en ningún país con prensa libre ha habido revolución.

En los últimos 12 años, hasta junio de 2013, según los datos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión, se han registrado 95 homicidios, impunes en su inmensa mayoría, y aunque se ha aprobado la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con mecanismos de protección, su arranque ha sido deficiente.

Las causas de violencia e intimidación de periodistas son diversas, una de ellas ligada a acciones del crimen organizado, aunque otra parte equivalente por razones vinculadas con la corrupción, violación de derechos humanos y política.

Cierto que el problema es muy complejo, pero sería peor quedarnos como estamos, es decir, con una Fiscalía y ley insuficientes, con procesos de degradación social y política que siguen su curso y con nuevos riesgos que podrían agravar la situación, incluso desestabilizar la democracia.

Empero, las acciones a las que han sometido a algunos periodistas y medios informativos de mayor prestigio deberían alertar, por ejemplo el hasta hoy impune asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, de Proceso, en abril de 2012, en Xalapa ¿Qué impide ir al fondo?

Preocupan hechos de los últimos meses, entre ellos las intimidaciones contra la ejemplar periodista Carmen Aristegui, aunque, en términos generales, estamos frente a asuntos políticos cruciales, que son responsabilidad directa de gobierno.

Si se clausuran los espacios de libertad y autonomía, ¿qué alternativa tendrán los ciudadanos, medios, oposición política y social, obispos, ONG´s de derechos humanos y autoridades honestas para defender las libertades y preservar el orden constitucional?

Más allá de la necesaria revisión y fortalecimiento en la Fiscalía y del mecanismo de protección que corresponde a la Secretaría de Gobernación, la propuesta y demanda al presidente Enrique Peña Nieto es una definición política a fondo en favor de la libertad, acompañada de acciones consecuentes.

Según planteara el senador perredista Manuel Camacho Solís, una de ellas sería que el mandatario comunicara a todas las autoridades políticas su decisión de dar seguimiento a los casos en curso; proceder contra cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de derechos humanos y su determinación de utilizar su autoridad contra cualquier responsable político que tolere o proteja estas acciones.

Para ese efecto, el gobierno debiera aclarar algún caso para sentar precedente, por ejemplo el de María del Rosario Fuentes o el de Regina Martínez -todos merecen ser resueltos-, a efecto de que si existe alguna responsabilidad política, ésta se sancione, y de no existir, también se aclare.

El asunto de Carmen Aristegui y de cualquier otro en circunstancias semejantes no debiera tomarse a la ligera, ya que defender los espacios de libertad es crucial para la democracia y la estabilidad política.

Por otro lado, el gobierno debe cumpla su compromiso de la reforma constitucional de Telecom para fortalecer la competencia, mejorar los contenidos, mantener abierto el Internet, no criminalizar la protesta social y regular a fondo la publicidad gubernamental, conforme al compromiso del propio presidente de la República.

Finalmente, los legisladores federales debieran pugnar por la creación de un comité asesor externo de expertos e instancias especializadas en la defensa de las libertades y los derechos humanos para dar seguimiento a los compromisos del Ejecutivo a favor de la libertad.

¿Qué lo impide cuando 95 periodistas han sido asesinados y todos los casos permanecen impunes? ¿Qué impide una respuesta política a la altura del problema de parte del presidente, los legisladores, procuradores, gobernadores y responsables de la seguridad y justicia? No hay tiempo que perder.

Si los congresos locales aprobaron en horas la Reforma Energética, con la misma urgencia y contundencia debieran atender estos riesgos de la política interna: Hay que contener los impulsos cortesanos y autoritarios, y nada más eficaz para ello que asegurar la libertad, según punto de acuerdo que propusieron los senadores Dolores Padierna, Layda Sansores, Gabriela Cuevas, Lorena Cuéllar, Adriana Dávila y Luz María Beristáin.

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.