En primera fila ¿Renunciará otro gobernador? Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*

CABAÑASChetumal, Q. Roo, jueves 27 de noviembre de 2014

 Irónicamente, el análisis de la recién aprobada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sirvió de marco para planteamientos políticos que desembocaron en la solicitud de renuncia del gobernador del Estado de México, el priísta, Erubiel Ávila, a quien Movimiento Ciudadano cuestionó por su proceder ante la matanza de 22 civiles en Tlataya, en la que se involucraron elementos del Ejército.

A decir del diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, la pregunta obligada sería si en el cambio de funcionarios, como se ha venido dando en Guerrero con la renuncia de su gobernador Angel Aguirre Rivero tras la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, también debería haber cambio en el gobierno de ese Estado, uno de los más violentos e inseguros del país.

Las versiones sobre su renuncia comenzaron a circular fuerza desde abril, aunque Eruviel Ávila habría rechazado declinar ante un supuesto requerimiento del presidente Peña Nieto, tras ser señalado de no lograr un gobierno sólido por algunos sectores de la sociedad, ante lo cual habría pedido respaldo del PAN y el PRD.

Ahora bien, lo cierto es que la pobreza y falta de oportunidades en la mayor parte del país, unido a la ola de sangre de la fallida estrategia de Estado en materia de seguridad de Felipe Calderón y Peña Nieto, han hecho invisibles a miles de niños y adolescentes vulnerables, que día a día esquivan constantes amenazas y extorsiones del crimen organizado, con todo tipo de violencia para forzarlos e ingresar a sus actividades.

La Red Nacional de Derechos de la Infancia calcula que entre 20 y 30 mil niños y adolescentes sufren de narcoexplotación, es decir, no sólo están siendo explotados, sino que son objeto directo de beneficio de grupos criminales que los mantienen prácticamente esclavizados.

La organización Save The Children dice que están en rango de víctimas por el sólo hecho de estar en esa etapa, y las bandas criminales han encontrado cómo obligarlos a trabajos forzados y ser esclavos, ya sea vía rapto, engaño y coerción, en la mayoría de casos acompañada de violencia física y emocional.

Empero, algunos reclutamientos los favorecen complejas condiciones sociales, entre ellas la apatía de adultos, familia inclusive, por falta de protección adecuada, y de ahí la necesidad de considerar el futuro de esos niños azotados por la delincuencia, que trabajan de “halcones” con esas organizaciones delictivas.

En este sentido, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debió involucrarse el tema de la protección de refugiados y migrantes de ese sector, pues atraviesa por difíciles momentos de incertidumbre y crisis económica, social y delictiva en todo el país.

Así las cosas, la concordia nacional no sólo impone más cambio de hombres y nombres en los cargos públicos, sino del propio modelo que desangra al país en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Estado de México Michoacán, Tamaulipas, Puebla o Chihuahua, entidades donde, de no buscar la concordia, abunda “pasto” seco para prender.

Tras cristalizarse el cambio del Ejecutivo de Guerrero, es hora de que el propio Gobierno Federal reflexione y reconozca ser parte también de las consecuencias que vive esa entidad, entre otros por no haber actuado con oportunidad contra la delincuencia organizada como delito federal, así como no considerar que las desapariciones forzadas son delitos de lesa humanidad y de carácter federal.

Como consecuencia, podrán cambiar a hombres y mujeres, pero seguirán los problemas si siguen las causas que originaron la degradación política en Guerrero y México.

Hoy es Guerrero, mañana podría ser el Estado de México, donde Eruviel Ávila dijo que el caso de Tlatlaya había sido un enfrentamiento entre civiles y militares, por lo que felicitó a estos últimos por el asesinato de 22 personas, mientras que la Comisión de Derechos Humanos, ante la ratificación o cambio de su titular, señalaba omisiones y falsificación de pruebas de parte del Ministerio Público y la Procuraduría de Justicia.

No incendiemos al país ni propiciemos que prenda el “México bronco”, ya que, aunque pocos lo acepten, la responsabilidad social en la movilización de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y de todo el magisterio de ese Estado es un cobro de “factura” a Peña Nieto por la reforma educativa.

Ya basta de reformas regresivas, narcopolítica y complicidades. Si habrá “limpia”, que sea en todos los partidos y niveles de gobierno, primero en la Presidencia de la República y los gobernadores. No hay que olvidar el caso de Sonora, que pasó al olvido con la propiedad que se adquirió con la desviación de recursos.

Tampoco olvidemos los criminales endeudamientos de gobernadores priístas, como el quintanarroense Félix González o el coahuilense Humberto Moreira, así como tampoco de las masacres de varios Estados. Ese es el futuro de la niñez, y el futuro de ésta empieza por construir un mejor país… y esto es con la renuncia de quienes no sirven ¿Verdad Erubiel?

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 3.3 millones de niños mexicanos no asisten a la escuela, la mayoría de ellos provenientes de familias en condición de pobreza, familias indígenas y de comunidades rurales donde la situación es todavía más dramática. ¡Hay que hacer algo! ¡Pero ya!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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