Chetumal, Q. Roo, domingo 24 de agosto de 2014

          El 4 de agosto se rompió un dique en la mina Mount Polley de Imperial Metal Corp. y derramó tóxico y metales pesados a ríos, lagos y un arroyo de Canadá, tras lo cual el 6 de agosto una mina de cobre vertió 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora de México, y el día 16 se detectó un derrame de crudo que contaminó 15 kilómetros del río San Juan, en el oleoducto Cadereyta-Madero, en Nuevo León.

El más significativo caso fue el derrame de Sonora en una de las regiones ganaderas más importantes del país y que afectó al menos a siete municipios, ya que, aunque semejante al de Canadá dos días antes, la reacción de las autoridades estatales y nacionales fue diferente.

         Las canadienses prohibieron toda actividad acuática y declararon estado de emergencia, ya que, según ecologistas, los metales aparecerán durante años en la cadena alimentaria, animal y vegetal, mientras que el mercurio y cadmio, en décadas. El valor de la empresa cayó 483 millones de dólares, y sus acciones, un 38 por ciento, en tanto se redujo su calificación crediticia en Standard & Poor’s.

         En Sonora la Comisión Nacional del Agua declaró emergencia en Cananea, seis municipios más y la capital Hermosillo, y aunque las autoridades reconocieron negligencia de Grupo México en informar de inmediato a Protección Civil, fue suficiente para multarlo al menos con un millón de pesos, posiblemente la única multa.

         No obstante, en un comunicado legal de toda empresa que cotiza en la bolsa, asegura que “una vez que tuvo conocimiento del suceso, de inmediato levantó un muro de contención para evitar que el derrame continuara. Las obras de contención concluyeron en menos de 24 horas”.

Por su parte, Buenavista del Cobre, con un cinismo sin fin, informó el 8 de agosto a la Secretaría del Medio Ambiente y otras autoridades que los pasos que adoptó fueron los apropiados en tiempo y forma, lo que simple y llanamente no es cierto, ya que varios reportajes difundieron que una trabajadora del área informó del desastre.

La empresa mintió, pero, a diferencia de Canadá, el impacto de sus acciones ha sido mínimo, tal vez por falta de información, porque miente, o simple y llanamente los inversionistas saben que un desastre de esta naturaleza en México no afecta económicamente a una empresa por la impunidad. El impacto se sentirá en la salud y economía de los sonorenses en los años venideros.

El presidente Peña Nieto acababa de firmar las leyes secundarias de la reforma energética que, supuestamente transformarán México y, en este sentido, deberá evitar el mismo error de Carlos Salinas, como señala la revista The Economist, de no compartir los beneficios las reformas con todos, ya que las del ex presidente se desacreditaron porque sólo unos cuantos aprovecharon sus beneficios.

         El mandatario deberá evitar que la historia lo compare con Carlos Salinas. Si las empresas nacionales y las trasnacionales no le temen a los órganos reguladores del Estado, y si no hay consecuencias por portarse mal (contaminar, robar, defraudar, intimidar, etc.), sucederá lo que advirtió el gobernador de California, Jerry Brown, durante su visita a México cuando recomendó al gobierno y al Congreso “mano dura” para regular a las empresas petroleras que vendrán a invertir “o se los comerán vivos”.

De no hacerlo, México pertenecerá a los criminales y gandallas, tal y como estuvo a punto de ocurrir en Nuevo León, donde Pemex intentó ocultar la fuga de combustible en la refinería de Cadereyta, derivado de una toma clandestina, localizada el 16 de agosto y, según la vocería de Pemex, reportado al día siguiente en un comunicado que, sin embargo, nunca recibieron los medios de mayor difusión.

         El “detalle” lo criticó el noticiero nocturno de Telediario, de la empresa Multimedios, ya que tampoco se informó que la fuga alcanzó el río San Juan ni la cantidad de hidrocarburo derramado, aunque se presumen daños considerables puesto que el derrame afecta el afluente principal de la presa Cadereyta.

Apenas el 28 de julio, con ocasión de la discusión de la reforma energética, el diputado petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara reclamó la falta de una política de protección ambiental y de desarrollo sustentable que garantice el derecho constitucional a un ambiente sustentable en las zonas o áreas de asignación para la exploración y extracción de hidrocarburos.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos derivados de la industria de hidrocarburos y comercialización de combustibles, y que, de no ser por los del Partido Verde que “una caricatura ambiental en este país”, en nada se garantiza Ley de Hidrocarburos la protección al medio ambiente.

En este sentido, tan sólo se legisló para legalizar la corrupción y los controles ilegítimos, en un mercado de hidrocarburos que favorecerá o atenderá compromisos con poderes fácticos nacionales e internacionales, lejos de dejar a un lado el discurso demagógico de políticas de protección ambiental, cuando se ha permitido la contaminación de ríos, mantos, acuíferos, lagos y mares, y afectado a núcleos de población por una tolerancia y complicidad en la corrupción del petróleo.

El riesgo ambiental e inseguridad de la población es permanente, y la ley omite políticas de prevención y mitigación como requisitos para las asignaciones y contratos, pese a una memoria histórica que lo exige: 33 muertos y 121 heridos en la explosión de la Torre Pemex, entre otras.

También se incluyen la explosión-incendio en la planta de gas de Pemex, ubicada a 19 kilómetros en Reynosa, que dejó 30 muertos y decenas de heridos; la fuga de combustible en San Martín Texmelucan, en Puebla, con 30 muertos, 52 lesionados y más de 5 mil evacuados, hasta podríamos seguir con Guadalajara en 1992 o San Juanico, en el Estado de México, de triste memoria para el país.

La memoria histórica de México exigió al Poder Legislativo legislar con miras en la protección y garantía de los derechos fundamentales, y no legislar como hace menos de 20 días: Para intereses mezquinos de los usureros del capital

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

 

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

 

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