A cinco meses de la elección de diputados federales y a poco más de un año del sonado “turismo electoral” que vivió Quintana Roo durante los anteriores procesos locales, en los que el PRI barrió con la quinta y los mangos prácticamente en todo el Estado, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) han movido un sólo dedo.

Las prácticas fraudulentas de aquel 7 de julio del 2013 involucraron a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y aunque a nivel local se denunció en diversos medios locales, también trascendió al Senado de la República, donde el yucateco panista Daniel Gabriel Ávila Ruiz y varios correligionarios suyos exigieron una exhaustiva investigación.

Así, en mayo de 2013 los senadores Jorge Luis Lavalle Maury (Campeche), Jorge Luis Preciado Rodríguez (Colima) y el propio Avila Ruiz presentaron formal denuncia ante el IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), por presuntas violaciones al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), derivados de hechos de febrero, marzo y abril de 2013 en aquellas entidades.

Durante ese periodo se detectaron cambios de domicilio de electores de manera atípica de Yucatán y Campeche hacia Quintana Roo, previo al proceso electoral de éste último, proporcionando información falsa al Registro Federal de Electores, en virtud de que no radicaban realmente en Quintana Roo, pero pretendían influir a favor del PRI en la jornada electoral de julio de 2013.

En este sentido, se inició el procedimiento ordinario sancionador número 27/2013, relacionado inicialmente con mil 137 acusados de cambiar de domicilio irregularmente para votar como ciudadanos de este Estado.

Derivado de la investigación del INE, se informó de la existencia de 179 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE, de la PGR), sin que hasta hoy se conozca el estado que guardan o si se fincó alguna responsabilidad.

No obstante, el Instituto informó que, tras la investigación y una revisión al Registro Federal de Electores, determinó dar de baja a mil 388 ciudadanos registrados en el padrón electoral y la lista nominal de electores de Quintana Roo por haber proporcionado información falsa, en tanto que mil 47 yucatecos habían sido denunciados ante la Fiscalía por esos hechos.

Así las cosas, la Primera Comisión de Trabajo del Senado aprobó por unanimidad exhortar al titular de la PGR a informar, agilizar y fincar responsabilidades derivadas de las denuncias del INE, en tanto que, también aprobado por el PRI y el PRD, la Comisión Permanente lo aprobó la semana anterior.

Sin embargo, el llamado a la PGR a cuidar que no se cometan delitos electorales y demás, llama la atención porque en pleno año electoral, que inició desde el 1 de octubre, se avizora como uno de los más difíciles en los órdenes económico, político y, por supuesto, en toda la parte electoral.

En este sentido, ante circunstancias difíciles se requieren instituciones fuertes, y aunque prácticamente se aprobó por unanimidad la reforma político-electoral, que establece autonomía funcional para la FEPADE, que atiende los delitos electorales, y se dieron las condiciones para  nombrar a su titular en el Senado, NO SE HIZO.

Entonces, lo primero que se debiera hacer es nombrar al titular de esa Fiscalía, ya que el titular de la PGR no puede hacerlo ni el Fiscal no puede permanecer de manera provisional, por lo que el Senado tiene la obligación y responsabilidad de elegir por mayoría calificada a su titular, y habrá que exhortarlo a hacerlo a la brevedad posible para fortalecer a la FEPADE.

En coincidencia, no sólo hay que evitar los delitos electorales, sino también sancionarlos. Hay que supervisarlos, y corresponde a la Fiscalía, pero ésta se encuentra en transición ante ley que no se ha podido aplicar. Inicia el año electoral sin su titular, lo que le resta credibilidad y fortaleza a uno de los periodos electorales más difíciles en la historia del país.

Con todo, el INE, como organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, así como organizar, en coordinación con los organismos electorales de las entidades, las elecciones locales de los Estados y el Distrito Federal, debe velar por el irrestricto apego a la ley en todos los procesos, así como investigar los actos que violenten la Ley Electoral.

Así, los Institutos locales deben asumir un compromiso de hacer respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral y denunciar e investigar los posibles actos que vulneren la participación democrática de los ciudadanos, pese a que en los últimos años han aumentado considerablemente las conductas tipificadas, que pese denuncias, no existen resultados efectivos.

Mejor prueba de ello es el caso de Quintana Roo, por lo que el INE debe concluir las investigaciones para erradicar esas irregularidades que sólo desprestigian a las instituciones y restan credibilidad a sus actores, aunque también es importante que la FEPADE de la PGR informe detalladamente sobre sus acciones para demostrar que esto no es nuevo juego de complicidad.

“Curiosamente”, durante aquel “turismo electoral” del 2013, del que se desprendieron resultados sospechosos, fungía como presidente del CDE del PRI el regordete Pedro Flota Alcocer, recién convertido en coordinador de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, mientras que Jorge Manríquez Centeno era consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO)

 (Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 37 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres ex presidentes municipales, y publicado tres libros.

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