Chetumal, Q. Roo, sábado 15 de noviembre de 2014

 Obviamente rechazadas por la mayoría oficialista y oficializada, que no permiten tocar al PRI o al presidente Enrique Peña Nieto ni con el pétalo de una rosa en el Congreso de la Unión, entre las principales demandas de la oposición en la Cámara de Diputados, vistas con simpatía, sin embargo, por el pueblo mexicano, se incluyó más de una decena sobre ex jefes del Ejecutivo.

Desde luego que las infructuosas iniciativas, principalmente reservas de reformas al recién aprobado Presupuesto de Egresos 2015, no se referían precisamente a ofrecerles algún homenaje, sino a las siempre criticables pensiones vitalicias que año con año sangran las finanzas públicas. Justos reclamos, todos.

En efecto, la razón jurídica para rechazar esas compensaciones es que se trata de prestaciones que NO contempla la Constitución política, NO cumple los requisitos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria NI las directrices de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La compensación encuentra supuesto sustento en sendos Acuerdos del Poder Ejecutivo, uno de ellos de 1976, expedido durante el sexenio del priísta Luis Echeverría Álvarez, y el otro en 1987, durante el periodo de su correligionario de partido, Miguel de la Madrid Hurtado, aunque ambos adolecen de serias deficiencias en cuanto a una conceptualización y los hace NULOS de pleno derecho.

En nuestro régimen legal y administrativo, de facultades limitadas y expresas, las autoridades sólo pueden actuar en los términos y formas que las leyes les permiten.

Su actuación se limita al ámbito de sus atribuciones, de manera que la entrega de esas compensaciones NO se deberían otorgar por carecer de cualquier sustento legal y autorización, por lo que se trata de una violación total del Estado de Derecho que los legisladores juraron defender, pero en cuya violación persisten año con año, presupuesto tras presupuesto.

Sin embargo, más allá de la cuestión legal, que no es cualquier cosa, es necesario apelar a su moral, sentido común y responsabilidad como representantes del pueblo de México.

Así, nos preguntamos ¿Cómo explicarles a los ciudadanos de esta gran nación que en este ejercicio fiscal 2015 se pretenden otorgar compensaciones, ayudas y apoyos por más de 9 millones de pesos a cada uno de los ex presidentes, cónyuges o viudas e hijos?

Dichas pensiones y prestaciones vitalicias a los ex mandatarios tendrán el próximo año un costo global de más de 250 millones de pesos.

Y eso que el dictamen de una magistratura federal ha señalado a Luis Echeverría como el funcionario que planeó, dirigió, coordinó y ejecutó la acción para destituir a balazos al Consejo General de Huelga del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, en la matanza de Tlatelolco.

Esto significa que los diputados destinan recursos públicos del bolsillo de todos los mexicanos para la manutención de un ex presidente genocida como Echeverría Álvarez, lo que, irónicamente, ni siquiera es necesario ante la inmensa riqueza que acumuló durante su sexenio y desde que fungía como Secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz.

Por si fuera poco, también destinamos recursos públicos ¡para la viuda de José López Portillo! En, efecto, a la ex actriz argentina Sasha Montenegro quien, además de la fortuna que heredó del ex mandatario, percibe derechos por la exhibición de sus “famosas” películas, por lo que también es cuestionable la necesidad de esta compensación.

También se incluye a los ex mandatarios Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, aunque, por lo menos, este último ha tenido la vergüenza suficiente para negarse a recibir esta prebenda, pero ambos disponen para su servicio exclusivo de 103 empleados, entre militares -desde un General hasta soldados rasos- y personal civil, todos ellos pagados, desde luego, con recursos de todos los contribuyentes.

Asimismo, se destina recursos “para los frijolitos” del panista Vicente Fox Quezada, cuya constante verborrea sólo contribuye a enturbiar el ambiente político, y cuya familia se ha visto constantemente involucrada en acusaciones de corrupción, delincuencia organizada y “lavado” de dinero proveniente del crimen organizado.

Más recientemente se comenzaron a destinar recursos al también panista Felipe Calderón Hinojosa, responsable de la muerte de más de cien mil de nuestros compatriotas en aras de los delirios mesiánicos de la infructuosa y costosa guerra contra la delincuencia, que lo convirtió en un verdadero peligro para México.

La pregunta obligada es ¿debemos compensarlos con una pensión vitalicia de estas dimensiones, a todas luces injusta, en un país con más de 50 millones de pobres, producto de su propia actuación? La verdad es que se trata de una cuestión inmoral, un sinsentido. Es desconocer la historia del México moderno y un insulto para el pueblo, por lo que los diputados debieron razonar su voto y actuar en el marco de nuestras leyes.

Con la aprobación de las reservas de la oposición, entre ellos de la perredistaJosefina Salinas Pérez, se hubiera dado un paso, aunque fuese pequeño, en una dirección correcta, en beneficio de todos los mexicanos, y no sólo de unos cuantos.

         Sin embargo, Usted conoce el final de la historia: ¡No hubo “de piña” contra los “intocables”!

(Permitida la copia, publicación o reproducción total o parcial de la columna con la cita del nombre de su autor)

*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 36 años de trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.

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